Hace unos días fue el Convenio de la Agencia Nacional de Inteligencia con el Servicio Nacional de Menores, que entregaba información de los niños a la Agencia de Inteligencia. Pero no es el primer hecho ni, lamentablemente, tampoco el más grave. Los niños vulnerables en Chile, aquellos que por cualquier motivo se quedaron sin la custodia de sus padres, son abusados y violados sus derechos de forma insistente.
Y el problema, según el Diputado Independiente rené Saffirio, es que los Organismos «Colaboradores» del Sename (OCAS) reciben dinero, —subvenciones— por cada niño que custodian, lo que desincentiva la entrega de ellos para adopción.
«El mecanismo de financiamiento debe propender a que los niños sean egresados del sistema y no permanezcan eternamente en el sistema», dijo hoy el diputado en una entrevista radial en La Clave.
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«Hoy las OCAS son verdaderas empresas», asegura.
«Ya me convencí de que la gestión del sistema en general debe ser pública. Tiene que haber una autoridad que tenga responsabilidad política frente a los ciudadanos que conduzca a lo menos el sistema de protección, que es para los más chiquititos».
Una idea de Saffirio es que sean, por ejemplo los alcaldes que estarían fiscalizados por la Contraloría General de la República y por los ciudadanos.
Hoy en cambio, «son casi 700 mil millones de pesos al año, entre financiamiento de subvenciones y programas especiales que no son medidos ni en su consistencia ni en su ejecución, por que el mismo Sename nos ha dicho que no tiene facultades para fiscalizar», dice Saffirio.
«Se han superado todos los límites»
«Se han superado todos los límites», acabamos de vivir el episodio del convenio entre la ANI y el SENAME, «imagínate lo que es eso». Violando la misma constitución, entregando datos personales, dice Saffirio.
«Ahora nos enteramos de cómo una directora de un centro en Hualpén, recibe subvención y vende, presta niños para que sean violados por depravados que lo hacen a cambio de ayuda económica», es la dramática crónica de hechos que hace el diputado.
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Por si fuera poco, en 2018 , un informe de 150 páginas que entregó la policía de investigaciones (PDI) que entró a 240 de 241 centros del Sename, con graves conclusiones, hoy está guardado en el escritorio de un fiscal y del MInistro de Justicia de Chile que no han hecho nada.
Entre algunas de sus conclusiones, el informe dice:
- El 92% de los centros no cumple con los estándares mínimos.
- 88% de las residencias se vulneran los derechos de los niños.
- 100% de los centro administrados por el sename hay vulneraciones intra-residenciales, donde los abusos son cometidos en un 50% por funcionarios del Sename.
Si esto es así se conoce a la víctima al victimario y el delito, dice Saffirio. «Se le entregó al fiscal nacional Jorge Abbott quien hace lo mismo que el juez Héctor Carreño, lo guarda. Y no cumple el fiscal Jorge Abbott en poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado para hacer efectiva la responsabilidad penal», denuncia Saffirio.
Este mismo informe dice que el 60% del personal que trabaja durante el día no es personal idóneo para trabajar con niños y durante la noche el personal no idóneo llega al 84%. «Escondieron este informe. Lo tiene desde diciembre del 2018 el fiscal nacional, lo escondió y lo tiene también el ministro de justicia y no han hecho nada», insiste.
La Iglesia y el dinero en el origen del problema
«Aquí la fuerza subterránea que subyace en esto está en grupos políticos y religiosos que están lucrando con las subvenciones de los niños. Gran parte de las subvenciones se las lleva la Iglesia Católica y Evangélica», denuncia Abbott.
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—¿Son organismos tutelares?, le pregunta el periodista Fernando Paulsen.
—Se trata de organismos colaboradores del Sename que representan a instituciones de Iglesia.
La ideología cristiana sacrificando a los niños
«En la primera comisión investigadora invité al entonces Arzobispo de Santiago y le pregunté cómo respondía la Iglesa y Ezzatti me dijo, «yo no soy responsable de la vida de nadie».
«Yo sentí que estaba realmente enfrentando una mafia. Y no ha cambiado nada», afirma Saffirio.
«Hay un problema ideológico de fondo en que se prefiere que los niños sean violados a que sean adoptados por una persona o una pareja homoparental», afirma el diputado.
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1979, dictadura: el dinero en primer lugar
«Cuando se crea el Sename y se transforma y el Estado empieza a poner dineros en esta materia surje de inmediato la voracidad de estas instituciones con nombres rimbombantes, de «oart» (sic), «de nuestros señor jesucristo que dio sus sangre por los niños» y miles de nombres de Santos que nunca nadie ha escuchado porque era el santo favorito de algun patriarca de algún santo favorito de la burguesia criolla. Y cuando se dieron cuenta que el Estado empezaba a financiar estos organismos, se apropiaron de estos organismos del estado y no los quieren soltar y han pasado 40 años», resumen Saffirio, quien desde años viene investigando y dando entrevistas sobre el tema.
La triste historia que se repite en Chile es que el interés por el dinero, por la mercantilización de todo, ha estado por sobre de los intereses de los derechos humanos de las personas.
«Y gobierno tras gobierno, ministro tras ministro, director tras director, todos renunciando y reemplazados por otros que vienen a hacer exactamente lo mismo», dice Saffirio. «
Si acá no hay centro ni izquierda ni derecha, insiste el diputado: «He repetido montones de veces esta frase. Acá las lucas no tiene ideología a todos les gustan por igual y cuando se tratan de lucas del estado mejro todavia»
«El día en que el problema (del Sename) se resuelva, se les acabó el negocio», sentencia Saffirio.
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