La delegación argentina de solidaridad con el pueblo boliviano entregó su informe después de haber estado dos días en el país constatando la situación tras la asuncion del gobierno de facto de Janine Áñez. Constataron al menos 12 distintos tipos de violaciones del gobierno de la ultraderecha boliviana.

«El sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables», introduce la delegación.

En concreto, la delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:

1. Masacres perpetradas contra población civil:

Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas. 

Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.

2. Desaparición forzada de personas

Segun la delegación se constataron situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero

3. Torturas, violaciones y delitos sexuales

Otra denuncia grave de la delegación son las situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos.  El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población

4. Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares

Como se ha confirmado también en los medios, hay cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. 

Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista

5. Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

Según la delegación, ha habido irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales

6. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

Frente a la comisión, diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.

Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública.  En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas

7. Represión de manifestaciones públicas

Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia.  Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. 

8. Restricción manifiesta de la libertad de prensa

La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión.  La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.

9. Promoción del racismo y los discursos de odio

En una de las políticas más preocupantes, la delegación constató la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales.  Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.

10. Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción

La represión no solo ha afectado dentro del territorio, sino también en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país

11. Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto, segun la comisión. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.

Para la Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados

12. Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos.  «En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales.  Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo.  Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron».

Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”.  “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.

Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.

«En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos», declara la organización.