Eduardo Davis desde Brasilia – Medio siglo después de un golpe militar que impuso un régimen que se prolongó durante 21 años, Brasil ha consolidado una sólida democracia que hoy encabeza Dilma Rousseff, que sobrevivió a la tortura en las mazmorras de la dictadura.

La gobernante tenía sólo 16 años el 1 de abril de 1964, cuando en plena Guerra Fría fue derrocado el presidente Joao Goulart, a quien la derecha y los militares veían como un “agente” del “comunismo” que avanzaba en América Latina alentado por la Revolución cubana. El régimen militar que se implantó en Brasil, como otros, fue apoyado por Estados Unidos; se prolongó hasta 1985 y, al igual que otras dictaduras de la época, impuso una dura censura y una violenta represión que dejó miles de muertos, unos 400 desaparecidos e hizo exiliarse a miles de opositores.

A diferencia de otras dictaduras, la brasileña mantuvo una cierta “institucionalidad”; no cerró el Congreso y hasta creó la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), un partido de fachada mediante el cual proscribió por la “vía parlamentaria” a otras organizaciones, como el Partido Comunista. Al mismo tiempo, los primeros años de la dictadura dieron lugar al llamado “milagro económico”, impulsado por obras faraónicas y una favorable coyuntura externa que redundó en tasas de crecimiento anual superiores al 10 % entre 1968 y 1973.

Pese a la bonanza, los diferencias sociales se ahondaron y el “milagro” comenzó a deshacerse con la crisis del petróleo de 1974, cuando entró en declive la dictadura. El descontento creció y las fuerzas democráticas articularon en 1983 un multitudinario movimiento conocido como “Directas Ya”, en demanda de elecciones y democracia. La dictadura cedió y, en 1985, convocó a las urnas, pero para unas elecciones indirectas, en las que fue elegido presidente Tancredo Neves, que no llegó a asumir el cargo, pues en vísperas de su investidura sufrió una crisis abdominal que finalmente le causó la muerte.

Tomó su lugar José Sarney, elegido con Neves como vicepresidente, pero a quien muchos consideraban un “infiltrado” de la dictadura, pues durante el régimen había sido jefe de ARENA, senador y corifeo de los militares. Pese a todo, Sarney supo vencer esa desconfianza; guió a Brasil en la transición y llevó al país a sus primeras elecciones directas, celebradas en 1989 y que ganó Fernando Collor de Mello.

Fue otro proceso traumático para Brasil: Collor fue destituido en 1992 por corrupción, tras lo que asumió el cargo su vicepresidente, Itamar Franco, que comenzó a controlar la hiperinflación que corroía los salarios y mantenía vivo el fantasma de la dictadura. Franco dio paso en 1994 al intelectual socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, quien tras ocho años le entregó el poder al socialista Luiz Inácio Lula da Silva, al que sucedió en 2011 Rousseff, la primera mujer elegida para gobernar el país.

En su juventud, por sus vínculos con grupos que se alzaron en armas contra la dictadura, Rousseff pasó dos años presa y sufrió en su propia carne las torturas del régimen. Para muchos expertos, Brasil salió de la dictadura mediante una transición “ejemplar”, que comenzó con un antiguo partidario del régimen y siguió con un gobierno que cayó por corrupción, sucedido luego por un político pragmático, un intelectual, un obrero y una mujer.

Franco, el pragmático, acabó con la crisis hiperinflacionaria, mientras que Cardoso dotó al país de estabilidad económica y puso en marcha el proceso de inclusión social luego profundizaron Lula y Rousseff, mediante el cual cerca de 40 millones de personas salieron de la pobreza en la pasada década.

En los últimos veinte años, la democracia brasileña se modernizó y perfeccionó su sistema electoral con urnas electrónicas de diseño nacional, que están en uso desde 1996 y que virtualmente han eliminado los fraudes. Las Fuerzas Armadas, por su parte, se han convertido en garantes de la Constitución y la democracia y son actores de los procesos de inclusión social, en los que participan con médicos, ingenieros y otros profesionales que operan sobre todo en las zonas más remotas.

La única asignatura pendiente que muchos le señalan al proceso democrático es la falta de castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura, amparados en una polémica amnistía que dictó el propio régimen en 1979. Esa amnistía fue contestada en 2010 por movimientos sociales ante el Tribunal Supremo, pero la justicia se pronunció a favor de su “constitucionalidad”, con lo cual aún sigue en vigor y los crímenes de la dictadura permanecen impunes.